Este lunes 16 de los 20 vocales que fueron designados en diciembre de 2013 para integrar el Consejo General del Poder Judicial cumplen 10 a?os en el puesto, lo que supone doblar de forma inédita el mandato de cinco a?os por el que en su d?a fueron elegidos por el Parlamento para cumplir esta funci?n. A d?a de hoy, y ante la incapacidad del PSOE y el PP de pactar una renovaci?n, la realidad es que el ?rgano est? integrado por una mayor?a de miembros conservadores -reflejo de una legislatura bajo presidencia de Mariano Rajoy- que se han colocado en una situaci?n de choque directo con el Gobierno de Pedro S?nchez.
Por el camino se ha quedado Carlos Lesmes, el presidente pactado por PSOE y PP que 16 de ellos apoyaron para ponerse al frente de este ?rgano y del Tribunal Supremo el 10 de diciembre de 2013. Casi nueve a?os después, en octubre de 2022, present? su dimisi?n ante una situaci?n de anomal?a institucional sin precedentes por la falta de renovaci?n, lo que aceler? la desintegraci?n de un ?rgano que entre fallecimientos (Victoria Cinto), jubilaciones (Rafael Mozo y Rafael Fern?ndez Valverde) y dimisiones (Concepci?n S?ez), ha tenido como consecuencia la pérdida de cuatro integrantes que no pueden ser sustituidos.
Precisamente hay quien ve en la ausencia de Lesmes la pérdida de un activo de moderaci?n con suficiente autoridad que hubiera frenado o al menos reconducido las ?ltimas actuaciones del Consejo que lo sit?an en un enfrentamiento directo con el Gobierno de S?nchez: la celebraci?n de un pleno para criticar sin ambages una ley que a?n no ha entrado en vigor, la de la amnist?a, y negar la idoneidad de ?lvaro Garc?a como fiscal general, pese a que la concedieron hace a?o y medio, en un pleno en que el visto bueno se adopt? por la m?nima.
Y todo ello con el lastre de no poder hacer nombramientos, lo que d?a a d?a aumenta irremediablemente las vacantes que se producen en el Tribunal Supremo. Parad?jicamente, el cambio legislativo que impide al ?rgano de Gobierno de los jueces hacer nombramientos con el mandato caducado se produjo justo cuando los que se estaban realizando rozaban la unanimidad de sus miembros, signo de que las dos sensibilidades presentes en el ?rgano hab?an dejado a un lado sus intereses partidistas para elegir a la c?pula judicial por méritos.
Ahora las cosas son muy distintas. Ha cundido el des?nimo entre los vocales que cada vez ven m?s lejano un acuerdo entre PP y PSOE para proceder a la renovaci?n y las posturas se han radicalizado.
Frente al 'lawfare'
Las dos sensibilidades solo se volvieron a unir contra la inclusi?n del término lawfare en el acuerdo entre el PSOE y Junts que ha propiciado la investidura de Pedro S?nchez. El mismo d?a en el que el texto fue conocido, el pasado 9 de noviembre, se celebr? una reuni?n de urgencia de su Comisi?n Permanente que manifest? su expreso "repudio" a dicha alusi?n en el texto hecho p?blico por los partidos. Y volvieron a distanciarse cuando se conoci? la proposici?n de ley de amnist?a y el pleno que los conservadores forzaron a realizar, en el que sali? adelante una nueva cr?tica al Gobierno.
Las manifestaciones p?blicas han tenido continuidad en la figura del actual presidente suplente -lo es el vocal de m?s edad- Vicente Guilarte, quien el pasado viernes manifest? durante la clausura de un congreso de la asociaci?n mayoritaria de jueces en Bilbao que cuando se habla de lawfare lo que se est? "imputando" es "prevaricaci?n judicial". Como consecuencia, llam? a "rebelarse todos" si en alg?n momento, se cita a declarar a alg?n juez en una comisi?n parlamentaria porque es una "l?nea absolutamente roja".
Quejas ante Europa
A todo eso se suma que el Consejo General del Poder Judicial ha acudido de forma reiterada ante la Comisi?n Europea para denunciar tanto el bloqueo que mantiene el ?rgano sin renovar como determinados movimientos de los partidos que sustentan el Gobierno y que, a juicio de los vocales del sector mayoritario, suponen "graves episodios de ataque al Estado de Derecho".
Con estos términos se expres? el ?rgano de gobierno de los jueces frente a los responsables europeos de Justicia tan solo un d?a después de hacerse p?blico el acuerdo de investidura, a lo que se a?adi? un ?ltimo comunicado el pasado d?a 24 tras conocerse que la formaci?n que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda D?az, hab?a presentado una querella en el Tribunal Supremo contra Guilarte y los vocales conservadores por prevaricaci?n, por su "inaceptable intromisi?n" en la funci?n legislativa al celebrar un pleno extraordinario sobre la amnist?a.
La oportunidad de Bola?os
Con todos estos mimbres, el nuevo ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bola?os, enfrenta el desaf?o de superar todos los obst?culos e intentar un acuerdo con el PP que permita superar la situaci?n que se arrastra desde el 27 de octubre de 2022. En esa fecha, y cuando parec?a que el acuerdo entre el PSOE y el PP estaba a punto de anunciarse, los de N??ez-Feij?o formalizaron mediante un comunicado la ruptura de las negociaciones, alegando que el anuncio la reforma del delito de sedici?n supon?a "una incongruencia insalvable" para alcanzar un pacto.
El nuevo responsable de Justicia tiene entre sus prioridades la de tender puentes para superar la actual situaci?n de una vez por todas. As? se lo comunic? a Guilarte el pasado 24 de noviembre, en un encuentro en el que ambos coincidieron en la necesidad de la renovaci?n. Seg?n el ministro, buscar? retomar el di?logo dejando atr?s, al menos por el momento, la posibilidad de acudir a una nueva reforma legal dirigida a rebajar las mayor?as parlamentarias necesarias para designar a los vocales que ser?a duramente cuestionada por la oposici?n, la judicatura e incluso por Europa.
Por su parte, Guilarte ha planteado recientemente en un art?culo publicado por 'El Pa?s' la posibilidad que sean recortadas de nuevo las competencias del Consejo en materia de nombramientos para facilitar as? de una vez por todas su renovaci?n, convencido de que, de este modo, la "apetencia" de los partidos por la designaci?n de sus vocales quedar?a "diluida". Propone que sean los jueces de cada ?rgano, sin mediar la intervenci?n de la instituci?n que preside, quienes elijan a sus presidentes en las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia y las Salas, "que quedar?an sustra?das a la aleatoriedad de su designaci?n" por el Consejo.
أكثر...